El limbo en el que caerían los cubanos en el exterior si les quitan la ciudadanía

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 15, establece que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. (Foto © Periódico Cubano)

En los últimos días, ha surgido una preocupación creciente entre los cubanos que residen en el extranjero ante la posible pérdida de su ciudadanía. Esta situación, que podría afectar a miles de personas, se debe a nuevas leyes propuestas por el régimen castrista (Ley de Migración, Ciudadanía y Extranjería). La incertidumbre se extiende mientras los exiliados intentan comprender las implicaciones de esta medida y buscar alternativas para proteger sus derechos.

Los cubanos en el exterior, quienes se han establecido en diversos países buscando mejores oportunidades, ahora enfrentan la posibilidad de quedar en un limbo legal. La propuesta de retirar la ciudadanía por Decreto Presidencial ha generado un clima de tensión y preocupación. Esta medida afectaría no solo su estatus legal, sino también su identidad y la conexión con su patria.

Hay muchos casos donde los cubanos no han conseguido una nacionalidad en sus nuevos lugares de residencia y, si se le quita la cubana, se vería muy perjudicados.

Por ejemplo, un caso representativo sería el de María, una cubana que ha residido en Estados Unidos durante 10 años y no ha adquirido la ciudadanía estadounidense. Sin ciudadanía cubana ni estadounidense, María sería considerada apátrida, enfrentando dificultades para renovar su residencia, problemas de documentación y restricciones legales.

Imaginemos el caso de Yasmani, un estudiante cubano en Canadá sin ciudadanía cubana ni canadiense, que podría enfrentar dificultades para renovar su visa de estudiante y acceso a servicios, quedando en un limbo legal sin protección de ningún país.

Otro caso sería el de Carlos, hijo de migrantes cubanos que han perdido su ciudadanía, nacido en EEUU. Aunque sus padres no tienen nacionalidad, Carlos es automáticamente ciudadano estadounidense por el principio del jus soli (derecho de suelo), evitando así el limbo legal. EEUU es uno de los países que sigue el principio del jus soli, otorgando ciudadanía a cualquier persona nacida en su territorio.

El principio de jus soli es una norma de derecho internacional según la cual una persona adquiere la nacionalidad del país en cuyo territorio nace. Este principio se opone al jus sanguinis (derecho de sangre), que otorga la nacionalidad con base en la nacionalidad de los padres, independientemente del lugar de nacimiento.

Entre los países que aplican el jus soli se encuentran EEUU, Canadá, Brasil, Argentina, México, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay y Pakistán, donde cualquier persona nacida en su territorio adquiere automáticamente la ciudadanía.

Por otro lado, hay países que no aplican el jus soli y se basan en el jus sanguinis para conceder la nacionalidad. Entre estos están Alemania, Italia, Japón, China, España, Suecia, Noruega, Suiza, Dinamarca y Austria, donde la ciudadanía se adquiere principalmente a través de la nacionalidad de los padres.

La posible pérdida de ciudadanía ha llevado a muchos cubanos en el extranjero a reflexionar sobre su identidad y sentido de pertenencia. Para aquellos que han construido una vida fuera de Cuba, la conexión con su país de origen sigue siendo fuerte. Esta situación plantea un desafío profundo sobre cómo mantener esa identidad sin el reconocimiento oficial de su nación.

Régimen castrista violaría la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Quedar en un limbo legal sin ciudadanía, conocido como apatridia, puede considerarse una violación de los derechos humanos. La apatridia priva a las personas de derechos fundamentales, como el acceso a educación, salud, empleo y la capacidad de participar plenamente en la sociedad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 15, establece que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. La apatridia puede resultar en la falta de reconocimiento legal, lo cual limita el acceso a servicios esenciales y puede llevar a la discriminación y marginación social.

Además, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 buscan proteger los derechos de los apátridas y prevenir nuevas situaciones de apatridia. La falta de nacionalidad puede tener un impacto negativo en todos los aspectos de la vida de una persona, afectando su capacidad para vivir con dignidad y seguridad.